ASÍ NUNCA TENDREMOS SEGURIDAD LOS BONAERENSES


El orden público y la seguridad, son el requisito indispensable para la organización jurídica de la sociedad. Es decir, son valores previos al Estado. Es inviable un estado democrático sin un orden social y sin un adecuado servicio de seguridad que garantice la calidad de vida de los ciudadanos. 

En la provincia de Buenos Aires estas condiciones no existen. El orden público y la seguridad fueron licuados por sucesivas leyes, decretos y reglamentos que se fueron creando a lo largo de los últimos 20 años, cuyos fundamentos sólo encuentran explicación en una enorme carga ideológica populista, demagógica, abolicionista y una marcada animadversión hacia la fuerza policial, y contra todo aquello que signifique poner límites a las transgresiones de normas legales que armonizan las relaciones humanas.  

Todos tenemos claro esta cuestión y el Poder, especialmente el Legislativo, también. Se hacen los desentendidos. Por la ambición desmedida de obtener votos de ese sector social marginal, ningunean a los contribuyentes y desprecian la vida de todos, incluidos los policías.  

La sociedad argentina –y de cualquier parte del mundo- puede tolerar una vida con escasez de alimentos; con bajos sueldos; con servicios ineficientes o caros; así y todo seguirá trabajando, estudiando, etc. Pero ninguna sociedad en el mundo puede vivir y desarrollarse con miedo. Es imposible. El miedo no se tolera. Y el miedo está instalado fuertemente en todo lugar y circunstancia.  

Todos los sabemos. Y quienes tienen obligaciones de responder al soberano, miran para otro lado. Gastan litros de saliva en diagnósticos que ni ellos mismos creen. Y cuando se ven obligados a respuestas puntuales, son incongruentes y hasta mentirosos.  

El Secretario de Política Criminal Dr. Pont Verges acaba de argumentar sobre el asesinato de dos jóvenes policías: “…hay una realidad, que es la de los policías bonaerenses en las calles, tomando servicios públicos para ir a trabajar; suelen estar armados, lo que también implica un riesgo para ellos". 

Chocolate por la noticia, Sr Secretario!! Toda la vida fue igual, en todo el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Desarmamos a los policías para que no corran riesgo? ¿No será más acertado y civilizado que desarmemos a los delincuentes, los metamos preso y no los suelten?  

En estas horas ya debe haber un equipo de “especialistas” reunidos a ver qué medida-parche pueden anunciar para calmar las aguas. Ninguno va a proponer una medida bisagra que dé inicio a un cambio de verdad. Unos no quieren por su ideología. Otros no se animan y a otros no los dejan.  

Los policías de vocación no son débiles ni esquivan el peligro. Hay hombres y mujeres que hacen honor a su condición y nos enorgullecen. Saben muy de antemano que ser policía implica el riesgo de perder la vida. La familia policial hoy está de luto por las pérdidas, y está indignada por los hechos. Una cosa es caer consecuencia de un enfrentamiento propio de la rutina policial y otra muy distinta es ser asesinado a mansalva por ser policía y por manos de delincuentes que deberían estar en la cárcel. 

Esta modalidad, sumado a la indiferencia o lentitud de los tres poderes para dar la respuesta adecuada, inevitablemente hace exteriorizar el hartazgo. Tenemos la angustiante sensación que las autoridades están disociadas de la realidad y no saben qué hacer; y lo que hacen parece que habría sido indicado por el CELS, la CORREPI, Madres o Abuelas de Plaza de Mayo.  

Así es que la población con cierta candidez pretenden una policía eficiente pero que cueste poco. Como en los países más adelantados, pero con salarios, derechos y atribuciones de Argentina. Parecen olvidar que los uniformados ponen todo lo que tienen, que es la vida.  

Las herramientas para este trabajo, el equipamiento y las leyes adecuadas las tiene que aportar la sociedad a través de sus representantes que son los legisladores en cada provincia. Y la ley es un servicio público, no es un instrumento sagrado; por lo tanto si no se adapta a las necesidades de la época, debe ser inmediatamente cambiada en beneficio de la sociedad, no de grupos marginales que hacen de los delitos su medio de vida. Ni de jueces preocupados más por su ideología personal que por servir a la justicia y seguridad de la gente. Ni de dirigentes políticos recolectores de votos a cualquier pecio.  

Delincuentes hubo, hay y a este ritmo habrá muchos más en el futuro. La llegada de la droga agravó la situación de manera superlativa. La única manera de doblegar a los inadaptados es transferirles a ellos el miedo que hoy siente la gente normal. Torcerles el brazo. Marcarles la cancha. Desalentarlos a vivir de dinero mal habido.  

No es una tarea nada fácil para los uniformados, pero sería de gran ayuda que los legisladores haciéndose eco del clamor del soberano, proveyera a su policía de todas las herramientas legales adecuadas a este tiempo, sin miedos ni prejuicios ideológicos, para poner freno a esta verdadera orgía de sangre a que nos tiene sometidos esta delincuencia ensoberbecida, agrandada, por la sobreprotección del propio Estado que debe cuidarnos. 

Los delincuentes deben estar encerrados en las cárceles. Por ningún motivo afuera antes de cumplir el 100% de la sanción. Si el argumento es que no hay lugar, pues el Estado debería tomar algunas de las estancias de Lázaro Báez, alambrarlas bien y equiparlas con miles de contenedores y carpas de campaña y alojarlos allí. Nada inhumano. Ejércitos enteros que luchan por causas justas, y organizaciones humanitarias, viven años en carpas ¿Por qué no pueden vivir en esas condiciones los asesinos, violadores y ladrones? 

La verdad es que si las personas que llegan a ocupar cargos en alguno de los tres poderes y no tienen el valor para tomar decisiones fuertes que garantizar la vida, bienes y derechos de los ciudadanos, es preferible que se vayan. Los bonaerenses no los hemos elegido para que hagan lo que les resulten más cómodo y beneficioso a sus proyectos personales. 

Jesús Evaristo Scanavino
Comisario (RA)
Secretario de Organización de Apropoba